Comienza batalla legal contra el IMSS Durango por muerte de bebés; presentan denuncias ante la FGR
Fermín Alonso Flores, presidente de la Barra de Abogados, acudió a la sede de la FGR a presentar las denuncias en representación de las familias.
Durango, Dgo.- La batalla legal por la muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango comenzó este jueves, con la presentación de denuncias individuales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Instituto Mexicano del Seguro Social y quien resulte responsable.
Fermín Alonso Flores, presidente de la Barra de Abogados, acudió a la sede de la FGR a presentar las denuncias en representación de las familias, quienes buscan que se esclarezca lo ocurrido con sus bebés y si existió alguna responsabilidad por las condiciones en que fueron atendidos.
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La pérdida de vidas humanas bajo el resguardo de instituciones de salud pública es una situación que exige la máxima atención, sensibilidad y diligencia procesal; más allá de las implicaciones médicas y administrativas, este caso subraya una necesidad impostergable: colocar a las víctimas y a sus familias en el centro de cualquier proceso, garantizando su derecho irrenunciable a la verdad, a la justicia y a un trato digno frente a la irreparabilidad de su pérdida.
La presentación de denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) representa un paso legítimo y estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos. La protección legal de los deudos no debe limitarse a la simple apertura de carpetas de investigación; requiere que las autoridades ministeriales actúen de forma exhaustiva, transparente y sin revictimizar a los afectados. En ese sentido, la ausencia de necropsias en un caso de estas características es un punto que, de acuerdo con las propias autoridades estatales, puede tener implicaciones legales relevantes y que deberá esclarecerse a fondo; de ello depende, en buena medida, el derecho de las familias a obtener respuestas certeras y apegadas al debido proceso.
La protección institucional no se agota en la reparación del daño, sino que exige asumir una verdadera rendición de cuentas que derive en medidas preventivas que impidan la repetición de este tipo de hechos lamentables. Las instituciones del Estado tienen la obligación ineludible de garantizar entornos seguros para sus pacientes y de responder de manera integral ante crisis sanitarias, como las generadas por fallas en las áreas de cuidados intensivos. En T|G reiteramos que el marco jurídico debe ser un escudo protector para los más vulnerables; exigir responsabilidad y apego a los derechos humanos en nuestro sistema de salud es un imperativo ético para asegurar que ninguna otra familia tenga que atravesar por una tragedia evitable.
